La Ley Sarbanes-Oxley de 2002 fue una respuesta al fraude corporativo y a los colapsos empresariales. Implementó nuevas normas para las corporaciones, como establecer estándares más estrictos para auditores para reducir conflictos de interés y transferir la responsabilidad del manejo completo y exacto de los informes financieros. La ley impone sanciones más severas a los infractores para disuadir el fraude y la apropiación indebida de activos corporativos. Además, la normativa reforzó los requisitos de divulgación, como revelar acuerdos materiales fuera de balance para aumentar la transparencia.
Escándalos corporativos como Enron y Worldcom en EE. UU. entre 2000 y 2002 impulsaron la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) en julio de 2002. Su objetivo fue restaurar la confianza de los inversores en los mercados financieros, cerrar vacíos legales que permitían a las empresas públicas defraudar a los inversores y tener un impacto significativo en el gobierno corporativo.
Como parte de la ley, las empresas públicas tuvieron que reforzar los comités de auditoría, realizar pruebas de control interno y hacer que los directores y altos cargos fueran personalmente responsables de los estados financieros. También se endurecieron los requisitos de divulgación y se establecieron penas más estrictas por fraude en valores. Adicionalmente, la ley cambió el modo de operación de las firmas de contabilidad pública.
La Ley Sarbanes-Oxley tuvo un impacto directo en el gobierno corporativo al reforzar los comités de auditoría de las empresas públicas. El comité de auditoría, compuesto por miembros ajenos a la gestión y que forma parte de la junta directiva, ahora tiene más poder para supervisar las decisiones contables de la alta dirección. El comité asumió responsabilidades adicionales, incluida la aprobación de diversos servicios de auditoría y no auditoría, la selección y supervisión de auditores externos y la gestión de quejas relativas a las prácticas contables de la dirección.
La Ley Sarbanes-Oxley introdujo un cambio importante en la responsabilidad de la dirección sobre la información financiera. Según la ley, los altos directivos deben certificar personalmente la exactitud de los informes financieros. Si un alto directivo proporciona una certificación falsa a sabiendas o de forma deliberada, puede enfrentarse a una pena de prisión de 10 a 20 años. En caso de mala conducta de la dirección que conduzca a una reexpresión contable obligatoria, los altos directivos pueden tener que renunciar a sus bonificaciones o a las ganancias obtenidas por la venta de acciones de la empresa. Si un director u oficial es declarado culpable de una violación de la legislación de valores, puede ser inhabilitado para ocupar el mismo cargo en la empresa pública.
La Ley Sarbanes-Oxley introdujo cambios significativos en los requisitos de divulgación. Ahora es obligatorio que las empresas públicas revelen cualquier acuerdo material fuera de balance, incluidas las entidades con fines específicos y los arrendamientos operativos. Las empresas también deben divulgar cualquier estado pro forma y cómo cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Los insiders deben informar sus transacciones de acciones a la Securities and Exchange Commission (SEC) dentro de dos días hábiles.
La Ley Sarbanes-Oxley endureció las penas por obstrucción a la justicia, fraude en valores, fraude postal y fraude por medios electrónicos. La pena máxima por fraude en valores se amplió a 25 años, mientras que el tiempo máximo de prisión por obstrucción a la justicia pasó a 20 años. La ley también incrementó la pena máxima por fraude postal y fraude por medios electrónicos de cinco a 20 años. Además, las multas para las empresas públicas que cometan los mismos delitos se aumentaron de forma significativa.
La parte más costosa de la Ley Sarbanes-Oxley es la Sección 404. Esta sección exige que las empresas públicas realicen amplias pruebas de control interno y presenten un informe de control interno junto con sus auditorías anuales. El proceso de probar y documentar controles manuales y automatizados en la información financiera es una tarea enorme que requiere un esfuerzo significativo y la participación de contadores externos y personal de TI con experiencia. El coste del cumplimiento es especialmente alto para las empresas que dependen en gran medida de controles manuales. Aunque la Ley Sarbanes-Oxley ha impulsado a las empresas a hacer su información financiera más eficiente, centralizada y automatizada, algunos críticos sostienen que los controles asociados encarecen el cumplimiento. También argumentan que los controles distraen al personal de su negocio principal y desincentivan el crecimiento.
La Ley Sarbanes-Oxley creó el Public Company Accounting Oversight Board. Este organismo dicta normas para los contadores públicos, reduce sus conflictos de interés y exige la rotación del socio principal de auditoría cada cinco años para la misma empresa pública.
Se introdujeron nuevas regulaciones para mejorar el gobierno corporativo en respuesta al fraude y las quiebras empresariales con la aprobación de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. La ley reforzó los comités de auditoría de las empresas públicas, hizo a la alta dirección personalmente responsable de los estados financieros, fortaleció los requisitos de divulgación y estableció sanciones más duras para los infractores. Aunque la Ley Sarbanes-Oxley ha impulsado a las empresas a hacer su información financiera más eficiente, algunos críticos sostienen que los controles asociados encarecen el cumplimiento y desincentivan el crecimiento.