Ley de Protección del Inversor: Fortaleciendo la Autoridad Regulatoria de la SEC
Al ampliar los poderes de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Ley de Protección del Inversor de 2009, que forma parte de la Ley Dodd-Frank, tiene como objetivo prevenir futuras crisis financieras. Establece un comité para asesorar a la SEC sobre prioridades regulatorias y refuerza las protecciones para denunciantes.
Fundamentos
La Ley de Protección del Inversor es una parte clave de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2009. Busca mejorar la autoridad de la SEC mediante la creación de una recompensa para denunciantes que informen fraudes financieros, el aumento de la responsabilidad por auxilio y complicidad y la duplicación de la financiación de la SEC durante cinco años. Esta ley se introdujo para evitar la reincidencia de problemas relacionados con la crisis financiera en el futuro.
Disposiciones de la Ley de Protección del Inversor
Una disposición clave de la Ley de Protección del Inversor, que introdujo el Comité Asesor de Inversores, es la consulta con la SEC sobre prioridades regulatorias, nuevos productos financieros, tarifas y estrategias de negociación. También promueve la transparencia en los productos de inversión al exigir la divulgación de conflictos de interés y riesgos.
Los derechos de los denunciantes se fortalecieron con la ley, permitiendo presentar reclamaciones dentro de los 90-180 días desde el descubrimiento de las violaciones. Los denunciantes pueden recibir recompensas de hasta el 30% de las sanciones superiores a $1 millón. Se creó el Fondo de Protección del Inversor de la SEC para apoyar a los denunciantes y fomentar la educación del inversor.
La ley prohíbe la represalia laboral contra denunciantes y autoriza acciones legales cuando sea necesario. Además, aborda la regulación de las agencias de calificación crediticia debido a su papel significativo en el mercado. Los conflictos de interés durante la crisis hipotecaria incrementaron los riesgos para los inversores. Ahora, las agencias de calificación deben ser más responsables y transparentes sobre sus prácticas.
Ley Dodd-Frank y enmiendas
Tras la crisis financiera de 2008, se promulgó la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor de 2009 para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia del sistema financiero.
Disposiciones de la Ley Dodd-Frank
Dodd-Frank buscó prevenir la concesión de préstamos depredadores y mejorar la comprensión del consumidor sobre las condiciones de la deuda. Introdujo una agencia de protección financiera del consumidor para regular hipotecas, préstamos de auto y tarjetas de crédito. La SEC también recibió poderes adicionales para recopilar información, comunicarse con los inversores y lanzar programas de protección del inversor.
Enmiendas a la legislación existente
La ley introdujo enmiendas a la legislación existente, incluidas la Securities Investor Protection Act (SIPA) de 1970 y la Ley Sarbanes-Oxley de 2002. Los cambios a la SIPA incluyeron aumentar la evaluación mínima para los miembros de la SIPC, pasando de un fijo de $150 a 0.02% de sus ingresos brutos derivados del negocio de valores. El límite de endeudamiento en préstamos del Tesoro de EE. UU. se elevó de $1.000 millones a $2.500 millones. Las enmiendas a la Ley Sarbanes-Oxley extendieron la supervisión a corredores y distribuidores bajo el Public Company Accounting Oversight Board.
Derogación parcial por Trump
Al eximir a algunos bancos de sus regulaciones, el presidente Trump firmó una derogación parcial de Dodd-Frank en mayo de 2018. La decisión se basó en la creencia de que ciertas instituciones estaban injustamente limitadas para otorgar préstamos a diversas empresas, incluidas las pequeñas empresas.
Conclusión
En conclusión, la Ley de Protección del Inversor es una pieza importante de la legislación que busca proteger los intereses de los inversores y prevenir futuras crisis financieras. Al ofrecer protecciones para denunciantes y fortalecer la autoridad regulatoria de la SEC, la ley contribuye a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector financiero.